Los Intergremiales de Atlántico y Magdalena y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira anunciaron su respaldo a la medida transitoria del Gobierno Nacional, la cual plantea un incremento de $8 por kWh a los usuarios del servicio de energía en el país, el cual, según la Superservicios, no generará impactos en el estrato 1 y 2, mientras que a los demás impactará en un 1%.
“Una medida que busca evitar, por ahora, una crisis generalizada del sistema. Nuestro respaldo, además, está condicionado a que la medida sea temporal, con un plazo definido y metas verificables, que se demuestre que su costo es inferior al de un racionamiento y que se aclare jurídicamente que no es un impuesto, ni un subsidio regional”, indicó Efraín Cepeda Tarud, presidente del Comité Intergremial en el Atlántico.
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La medida anunciada busca evitar una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional por el efecto de las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores y otros agentes del mercado.
“Las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida han puesto a las termoeléctricas, al límite de su capacidad, para poder comprar el gas que se necesita para operar, es decir, para poder generar energía. Esta situación amenaza la continuidad del servicio y, además, pone en riesgo la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional”.
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Según los gremios, se necesita una solución estructural que implique un cambio del modelo de gestión del sistema eléctrico de la Región Caribe.
Las consideraciones de los gremios
Según los gremios, el riesgo derivado de la crisis en el Caribe no es un problema regional aislado, sino un reto que amenaza la continuidad del suministro de energía en todo el país por no contar con la generación térmica que le da soporte a todo el Sistema Eléctrico Nacional. Un colapso de Air-e y de las termoeléctricas expondría al país a un racionamiento generalizado.
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“La crisis obedece a la suspensión de la medida de limitación de suministro a comercializadores y distribuidores de la Región Caribe, la cual se aplica cuando dejan de pagarle a los generadores la energía que consumen, tal como lo establece la Resolución CREG 116 de 1998. Esa suspensión, ordenada por el Gobierno nacional, ha distorsionado las condiciones
"Normales de operación del mercado, y tiene un fuerte impacto financiero en las termoeléctricas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Air-e Intervenida”.
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Para los dirigentes gremiales, el Gobierno nacional no tuvo un plan de gestión para asumir la administración que respaldara la intervención de Air-e y que no ha utilizado otras fuentes de recursos disponibles para darle la liquidez suficiente y mantenerla operando sin limitaciones financieras.