El Gobierno Nacional anunció la implementación de un impuesto temporal al patrimonio de las empresas para financiar la atención de la grave emergencia climática que ha azotado a Colombia en enero y febrero de 2026. Esta medida, no incluida en la reforma tributaria original, se activa bajo el marco de la declaratoria de Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica (mediante el Decreto 0150 del 11 de febrero de 2026), y busca recaudar alrededor de 8 billones de pesos para mitigar los daños causados por inundaciones, deslizamientos y crecientes súbitas.
Según el Ministerio de Hacienda, el tributo aplica exclusivamente a personas jurídicas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente 10.474 millones de pesos, considerando el valor de la UVT para 2026). Se estima que más de 15.000 empresas en todo el país se verán impactadas por esta obligación excepcional.
La tarifa general será del 0,5% sobre el patrimonio líquido (activos menos deudas), sin tener en cuenta las utilidades ni los ingresos operativos, sino basándose específicamente en la riqueza acumulada.
Sin embargo, los sectores financiero y minero-energético enfrentarán una tarifa del 1,6%, teniendo como argumento que estos tienen mayor capacidad contributiva y deben asumir un esfuerzo adicional.
Se proyecta que el 56% del recaudo provenga precisamente de estas actividades económicas.
El pago se realizará en dos cuotas iguales: el 50% el 1 de abril de 2026 y el otro 50% el 4 de mayo de 2026. El Ejecutivo subraya que se trata de una medida temporal, de carácter excepcional y limitada al año en curso, destinada exclusivamente a financiar atención humanitaria, rehabilitación de infraestructura, reconstrucción de viviendas y reactivación productiva en las zonas más afectadas.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ha defendido la iniciativa como indispensable ante la imposibilidad de cubrir los costos con recursos ordinarios, asegurando que no compromete la sostenibilidad fiscal de mediano plazo.
“Estamos en una emergencia y por lo tanto se requiere, en el corto plazo, los recursos para garantizar la financiación de todas las necesidades y las exigencias que nos está demandando la emergencia”, manifestó el ministro en medio del anuncio del decreto al impuesto al patrimonio.
El origen de la crisis nacional
La crisis se originó con las fuertes lluvias atípicas registradas en lo que va del 2026, con la particularidad de que enero y febrero suelen ser meses tradicionalmente secos.
Estas precipitaciones intensas, asociadas a la zona de convergencia intertropical, los vientos alisios y la canalización de humedad por las tres cordilleras (occidental, central y oriental), se agravaron por factores como la deforestación, la presencia de asentamientos en zonas vulnerables y la ausencia histórica del Estado en algunas zonas del territorio.
El cambio climático ha intensificado estos patrones, generando desastres principalmente en la región Caribe.
Fuertes lluvias y sus consecuencias
Más de 250.000 personas han resultado afectadas a nivel nacional, con reportes de al menos 40 fallecidos, miles de viviendas destruidas y graves daños en vías secundarias y terciarias.
Según datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en lo corrido del año se han registrado alrededor de 130 emergencias por lluvias, dejando afectaciones en 16 departamentos (181 municipios).
El Gobierno Nacional declaró la emergencia en 8 departamentos (Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó), donde se concentraron principalmente las emergencias; se advierte que como consecuencia de las fuertes lluvias, más de 87.000 hectáreas en Colombia han sufrido inundaciones.
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