Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación durante una nueva imputación de cargos contra el señalado delincuente, en la que presentó material probatorio que, según el ente acusador, evidenciaría la manera en que presuntamente ejercía presión sobre sus víctimas desde los centros carcelarios donde ha permanecido privado de la libertad.
Entre las pruebas reveladas se encuentra un video registrado por una cámara de seguridad, en el que se observa al ‘Negro Ober’ durante una videollamada que habría sido utilizada para realizar una exigencia extorsiva a una mujer.
La Fiscalía indicó que el señalado cabecilla habría mantenido este tipo de actividades entre 2025 y 2026, pese a encontrarse recluido en establecimientos penitenciarios.
El rostro del ‘Negro Ober’ apareció en una videollamada
De acuerdo con la investigación, en varios de los casos documentados las víctimas recibieron panfletos intimidatorios y llamadas o videollamadas mediante las cuales se realizaban exigencias económicas.
En algunas de estas comunicaciones, según la Fiscalía, el propio ‘Negro Ober’ habría aparecido para intimidar a los afectados y establecer las sumas de dinero que debían entregar.
La utilización de videollamadas habría permitido al señalado delincuente ejercer directamente presión sobre algunas de las víctimas, mientras otros integrantes de la organización se encargaban de cumplir las acciones necesarias para materializar las amenazas y cobrar las extorsiones.
El material audiovisual presentado por el ente acusador se convirtió así en una de las piezas relevantes dentro del nuevo proceso judicial.
Comerciante habría sido secuestrado para exigirle $10 millones
Uno de los hechos investigados ocurrió el 2 de julio de 2025, en Soledad.
Según la Fiscalía, un comerciante fue interceptado cuando se encontraba guardando su vehículo cerca de un billar. Los responsables, presuntamente utilizando armas de fuego, lo habrían retenido y posteriormente trasladado hasta el sector conocido como ‘Round Point’, en Galapa.
En ese lugar, el comerciante habría sido amenazado y obligado a comunicarse mediante una videollamada con alias ‘Negro Ober’.
La exigencia, según la investigación, era de 10 millones de pesos a cambio de devolverle el vehículo y permitirle continuar con su actividad comercial.
Pero el caso no habría terminado allí.
El 14 de julio de ese mismo año, la víctima habría vuelto a ser contactada telefónicamente y, posteriormente, retenida nuevamente. En esta ocasión, los responsables le habrían exigido 13 millones de pesos.
Para la Fiscalía, estos hechos hacen parte de una estructura criminal en la que diferentes personas cumplían funciones específicas para ejecutar las extorsiones.
Siete integrantes habrían cumplido diferentes roles
La investigación señala que el ‘Negro Ober’ presuntamente se habría articulado con siete integrantes de ‘Los Costeños’para desarrollar estas actividades delictivas.
De acuerdo con el ente acusador, los involucrados habrían cumplido diferentes funciones dentro de la organización, entre ellas facilitar las comunicaciones con las víctimas, ejercer intimidación y realizar el cobro de las sumas exigidas.
En una operación conjunta con la Policía Nacional, fueron capturadas seis de las personas señaladas de pertenecer a esta estructura:
- Javier Eduardo González Lizcano.
- Jesús David Pérez Montes.
- Linda Dayana Orozco Ochoa.
- Yuleidis María Payares Henao.
- Wendy Johanna Jiménez Sarmiento.
- Cristian José Nieto Oyola.
Entre tanto, Ober Ricardo Martínez Gutiérrez y Brigith Andrea Hernández Arrias fueron notificados del nuevo proceso judicial en los establecimientos carcelarios donde permanecen privados de la libertad.
Nuevos cargos contra el ‘Negro Ober’
Un fiscal del Gaula, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, presentó la imputación contra los procesados de acuerdo con la posible responsabilidad individual que les atribuye la investigación.
En el caso de alias ‘Negro Ober’, así como de Javier Eduardo González Lizcano y Brigith Andrea Hernández Arrias, la Fiscalía imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y extorsión agravada, según la información entregada por el ente acusador.
Los otros cinco procesados fueron vinculados formalmente por el delito de extorsión agravada.
Las autoridades buscan establecer ahora la totalidad de los hechos en los que presuntamente habría participado esta estructura y determinar el alcance de las acciones que, según la investigación, habrían continuado desde los establecimientos carcelarios.
El caso vuelve a poner bajo la lupa la capacidad de las organizaciones criminales para mantener comunicación con sus integrantes y ejercer presión sobre sus víctimas pese a que algunos de sus principales cabecillas permanecen privados de la libertad.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades individuales de cada uno de los procesados. Las acusaciones corresponden a la hipótesis del ente investigador y deberán ser definidas por la justicia dentro del respectivo proceso penal.
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