La situación de seguridad en Barranquilla y su área metropolitana continúa generando alarma entre los comerciantes. Muchos de ellos, con trayectorias de hasta 40 años de trabajo, han tenido que cerrar sus negocios, afectando no solo su sustento, sino también el empleo y la economía local.
En el último mes, más de 10 afiliados han reportado el cierre definitivo de sus establecimientos ante la imposibilidad de seguir operando bajo constantes presiones. Se trata de personas que durante décadas han buscado mejorar su calidad de vida y sostener a sus familias.
“Para nosotros es preocupante, primero porque son afiliados de la organización; segundo, porque son personas que llevan 20, 30 y 40 años buscando mejor calidad de vida, sacar adelante a su familia, generar tres, cuatro, cinco empleos, pagar impuestos, generar desarrollo y dinamizar la economía”, expresó Orlando Jiménez, presidente de la Unión Nacional de Comerciantes (Undeco) en el Atlántico.
Se estima que cerca de 500 negocios, entre tiendas, farmacias, misceláneas, panaderías, peluquerías y pequeños restaurantes, han sido cerrados o vendidos a bajo costo debido a la presión ejercida por estructuras delincuenciales.
Los afectados denuncian que, además de las pérdidas económicas, han enfrentado graves consecuencias como amenazas, intimidaciones, afectaciones a la salud física y mental e incluso casos de personas heridas o asesinadas.
"Ha habido muertos, heridos, afectación a la salud física y mental, amenazas, intimidaciones y toda suerte de situaciones que no se le desean a nadie. Eso es lo que han padecido y vivido, sobre todo en los últimos siete años, los micro y pequeños comerciantes del área metropolitana de Barranquilla".
El uso de menores en actos delictivos
A esta problemática se suma el incremento en la utilización de menores por parte de los delincuentes, quienes son enviados a cometer ataques contra los establecimientos, incluyendo disparos e intentos de incendio durante la noche. Los comerciantes advierten que algunos de estos menores, incluso mayores de 14 años, ya han sido judicializados, lo que evidencia la gravedad del fenómeno.
Ante este panorama, hacen un llamado urgente a las autoridades para revisar la legislación vigente y endurecer las penas contra quienes instrumentalicen a menores en actividades delictivas.
Cuestionamientos a la tasa de seguridad
Asimismo, el sector se cuestiona el uso de la tasa de convivencia y seguridad ciudadana que pagan los comerciantes a través del recibo de energía.
"Los comerciantes se preguntan: ‘¿Y qué se hace con esa plata?’ Siento que es el único departamento en Colombia que cobra ese monto. Si es el único, dicen ellos, deberíamos tener la mejor seguridad del país. Y no es así, porque los micro y pequeños comerciantes están más afectados, están amenazados, están siendo extorsionados y muchos de ellos han tenido que cerrar sus negocios definitivamente porque no aguantan la presión", dijo Jiménez.
Mientras tanto, decenas de negocios continúan cerrando sus puertas, dejando a su paso no solo pérdidas económicas, sino también familias enteras sumidas en el miedo y la incertidumbre.
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