La Defensoría del Pueblo celebró la decisión de la Corte Constitucional al emitir el Auto 002 de 2026, un documento que obliga a varias autoridades a rendir cuentas y actuar de inmediato ante la grave crisis humanitaria que vive la región del Catatumbo, en Norte de Santander, en pleno 2026.
Esta providencia, dictada por las Salas Especiales de Seguimiento a las sentencias T-025 de 2004 (sobre desplazamiento forzado) y SU-020 de 2022 (relacionada con la seguridad de excombatientes), requiere al Ministerio del Interior, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San José de Cúcuta, Ocaña, Tibú y El Tarra que informen detalladamente sobre las medidas tomadas para proteger a la población civil.
Las entidades mencionadas deben explicar los planes de respuesta, la coordinación entre entidades y los resultados concretos frente a los riesgos identificados en la Alerta Temprana de Inminencia, emitida por la Defensoría para el municipio de Tibú.
Se advirtieron dos problemas graves: el aumento de los combates entre el ELN y las disidencias de las FARC (Frente 33 y Bloque Magdalena Medio “Comandante Gentil Duarte”), y el control territorial que ejerce el ELN, imponiendo reglas de conducta, limitando la movilidad de las personas y regulando la vida cotidiana de las comunidades.
Estos riesgos se hicieron realidad entre diciembre de 2025 y enero de 2026, con un recrudecimiento de la violencia que agravó la crisis humanitaria en la subregión.
En corregimientos como Pachelli, Angalia, Las Palmeras (en Tibú) y Filogringo (en El Tarra) se presentaron desplazamientos forzados, confinamientos de la población, uso de drones, presencia de artefactos explosivos y otras violaciones graves a los derechos de los habitantes.
La Defensoría confirmó estos hechos durante una misión humanitaria realizada del 6 al 8 de enero de 2026, junto con la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y la Iglesia católica. El 31 de diciembre de 2025 ya había notificado al Ministerio del Interior que los peligros se habían materializado y pidió activar urgentemente las recomendaciones de la alerta.
Ante esta situación, la Defensoría resaltó el Auto 002 de 2026 como un paso clave para exigir respuestas efectivas del Estado.
La entidad insta al Gobierno Nacional a cumplir estrictamente lo ordenado por la Corte en los plazos establecidos, y exhorta a todas las autoridades nacionales, departamentales y locales, a poner en marcha sin demoras las acciones necesarias para aplicar las recomendaciones dadas y evitar más daños a las comunidades del Catatumbo.
Alerta Bogotá en Google News