El occidente de Risaralda vuelve a respirar la tensión de la guerra, pues la tranquilidad de la zona rural del municipio de Pueblo Rico se vio abruptamente interrumpida recientemente, tras el hallazgo de un artefacto explosivo tipo mina antipersonal.
Según informaron en su momento las autoridades, la ubicación de este elemento no pudo ser más alarmante, pues fue encontrado a menos de 200 metros de un caserío y a casi 800 metros de una institución educativa indígena, poniendo en riesgo inminente la vida de decenas de niños, docentes y campesinos que transitan a diario por el sector.
La rápida intervención de los técnicos antiexplosivos del Ejército Nacional permitió la desactivación controlada de la mina antipersonal, evitando una tragedia que hoy enlutaría al departamento. Sin embargo, lejos de devolver la calma a la población, este operativo ha encendido todas las alarmas de los organismos de seguridad y los defensores de derechos humanos, quienes sospechan que este no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia territorial de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
¿Cuántas minas más sembraron en Pueblo Rico?
La pregunta resuena con angustia en los rincones del municipio y de todo el departamento, y no es para menos; de hecho, Eisenhower Djanón Zapata, reconocido integrante del Comité de Justicia Transicional en Risaralda y experto en las dinámicas del conflicto armado, fue categórico al analizar este hallazgo y, según el líder social, las lógicas de la guerra dictan que los subversivos nunca siembran un solo explosivo de este tipo.
De acuerdo con esta lectura, hecha por el defensor de derechos humanos, se entiende que "es un patrón criminal ampliamente conocido; cuando estos grupos ilegales entierran un artefacto de este tipo, jamás dejan uno solo, ya que su estrategia busca tender un cerco defensivo masivo, para entorpecer el avance de las tropas del Ejército o de la Policía y facilitar su huida". (sic)
Bajo esta premisa, el riesgo de que los caminos veredales de Pueblo Rico y otras localidades aledañas del occidente de Risaralda estén minados nuevamente sería entonces altísimo, pues las estructuras del ELN y otros grupos criminales utilizan estos artefactos no para atacar directamente a un objetivo, sino para ganar tiempo.
Como advierte el propio Zapata en su análisis, "el objetivo táctico de esta siembra indiscriminada es consolidar un perímetro de disuasión letal en medio de los repliegues durante los combates, por lo que resulta ingenuo y peligroso pensar que el territorio ya está completamente limpio de trampas mortales". (sic)
Esta amenaza en Pueblo Rico se suma a un panorama regional cada vez más complejo, teniendo en cuenta que en los últimos meses, el occidente de Risaralda, en su límite natural con el departamento del Chocó, ha sufrido un recrudecimiento del conflicto.
De hecho, denuncias previas de defensores de DD. HH. han advertido sobre la posibilidad latente de que la existencia de campamentos del ELN en zonas limítrofes departamentales e incluso el uso de drones para vigilancia y hostigamiento, que fue recientemente comprobado tras un ataque en la zona con explosivos cargados en objetos voladores no tripulados, serían evidencia de una sofisticación y escalada en el accionar de este grupo subversivo, que ahora acude nuevamente a la barbarie de las minas.
Desprecio por el Derecho Internacional Humanitario
Lo que más indigna a las autoridades civiles y a la comunidad, como al defensor de DD. HH., es la proximidad del explosivo a un centro de enseñanza, ya que plantar armas letales de activación por presión a pasos de una escuela no solo es un acto de crueldad, sino un crimen de guerra.
Recordemos que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) es sumamente estricto frente a este tipo de escenarios. Incluso, al respecto, el integrante del Comité de Justicia Transicional recordó que "los Tratados de Ginebra son tajantes en su mandato de excluir a los civiles del conflicto, lo que prohíbe de manera absoluta convertir en zona de operaciones o en objetivos militares a instituciones educativas, centros de salud, acueductos o cualquier infraestructura vital para la comunidad". (sic)
Tristemente, ya en lo que corresponde al terreno como tal, las normativas internacionales terminan siendo prácticamente letra muerta para los actores armados, puesto que la degradación del conflicto lleva a que la guerrilla asuma daños colaterales masivos con tal de salvaguardar sus posiciones estratégicas.
Y es que, haciendo eco de la dura realidad que enfrentan los campesinos, Zapata sentenció que "a estas estructuras subversivas, llámese ELN o disidencias, no les importa en lo absoluto el bienestar civil; pues ellos dejan estos artefactos esparcidos sin ningún miramiento ético, con el único fin de frenar la persecución de las fuerzas militares". (sic)
Actualmente, las tropas del Ejército Nacional mantienen estrictas labores de verificación y barrido táctico en el área de influencia del hallazgo y han emitido un llamado urgente a las comunidades indígenas y campesinas de Pueblo Rico para que reporten de inmediato cualquier irregularidad en el terreno, objeto sospechoso o tierra removida, y les han advertido evitar el tránsito por trochas o zonas boscosas que no hayan sido inspeccionadas por los técnicos antiexplosivos.
Preguntas sobre el temor a más minas antipersonal en Risaralda
¿En qué municipio de Risaralda fue encontrada la mina antipersonal?
En la zona rural del municipio de Pueblo Rico, al occidente de Risaralda.
¿Por qué fue tan alarmante la ubicación del artefacto explosivo?
Porque estaba a menos de 200 metros de un caserío y a casi 800 de una institución educativa.
¿A qué grupo armado ilegal se le atribuye esta trampa mortal?
Las autoridades y defensores de derechos humanos atribuyen el hecho a la guerrilla del ELN.
¿Por qué aseguran que posiblemente hay más explosivos en la zona?
Porque, tácticamente, los grupos armados no siembran una sola mina; suelen dejar varias para crear cordones que eviten la persecución de la Fuerza Pública.
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