Luego del atentado perpetrado, con artefacto explosivo, contra la Cárcel Distrital El Bosque de Barranquilla, el cual, dejó dos guardias de seguridad heridos; la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado urgente al Estado a atender las violencias contra el sistema penitenciario y carcelario.
De acuerdo con la entidad, el hecho no es un evento aislado, sino que evidencia la extrema vulnerabilidad en la que desarrollan su labor el cuerpo de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario.
“La Defensoría del Pueblo expresa su solidaridad con las familias de los custodios heridos en Barranquilla, así como con todas las familias de los funcionarios que han sido afectados por esta violencia reiterada. Acompañamos su dolor y reiteramos el llamado a la verdad, la justicia y a la adopción de garantías reales de no repetición”.
Según la Defensoría, la persistencia de estos “graves” hechos evidencia fallas estructurales en las estrategias de prevención, seguridad y protección del personal penitenciario y carcelario.
“La Defensoría del Pueblo reitera, una vez más, la urgente necesidad de fortalecer de manera integral las condiciones de seguridad y protección de quienes laboran en las prisiones y cárceles del país, así como de todo el personal administrativo que cumple funciones esenciales para el Estado y la sociedad en contextos de alto riesgo, expuesto de forma permanente a amenazas, agresiones y retaliaciones, sin que existan aún respuestas estructurales suficientes que garanticen su vida, integridad y la de sus familias”.
Recordó que, ha estado advirtiendo de manera reiterada sobre la necesidad de adoptar medidas estructurales para proteger al personal penitenciario nacional y territorial.
Los acontecimientos recientes confirman, de manera trágica, la urgencia de avanzar en estas acciones sin más dilaciones.
La solicitud de la Defensoría
En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a priorizar, “sin más aplazamientos”, la formulación e implementación de una política sólida y articulada de protección a la vida e integridad del personal de custodia y administrativo de las cárceles y penitenciarias del país.
Igualmente, le pide a las autoridades nacionales y territoriales, a adoptar de forma inmediata medidas reales y suficientes de protección para servidoras y servidores del sistema penitenciario y carcelario y sus núcleos familiares que incluyan la definición de una ruta integral de protección a la vida y la garantía de acompañamiento psicosocial y jurídico para las familias de funcionarios víctimas de hechos violentos.
Entre tanto, al Gobierno nacional, territorial y las entidades competentes, la revisión de las condiciones laborales del personal de custodia y vigilancia del sistema penitenciario y carcelario.
“Reforzar de manera integral las acciones de prevención, seguridad y protección en los establecimientos de reclusión”.
A la Fiscalía General de la Nación, para que adelante investigaciones diligentes y efectivas que permitan esclarecer estos hechos y sancionar a los responsables.
“ No es posible hablar de un sistema respetuoso de los derechos humanos si el Estado no garantiza, de manera efectiva, la vida, la integridad y la dignidad de quienes prestan el servicio público penitenciario”.
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