La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exalcalde de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, así como a la exsecretaria general Gloria Lizeth Palacios Córdoba y al entonces coordinador de contratación Beymar Alexander Mosquera Borja, por su presunta participación en irregularidades detectadas durante un proceso de contratación para la prestación del servicio de aseo en la capital chocoana.
Contratos de aseo para entidades públicas en la mira
De acuerdo con el ente investigador, los hechos están relacionados con dos licitaciones públicas adelantadas en 2021 para contratar servicios de aseo y apoyo general destinados a instituciones educativas del municipio, la Secretaría de Educación, la administración central y otras dependencias de la Alcaldía de Quibdó.
La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Chocó, estableció que las presuntas anomalías habrían desembocado en la adjudicación de un contrato por $1.568 millones de pesos en febrero de 2021, sin que se hubieran cumplido plenamente los requisitos legales exigidos para este tipo de procesos.
Las presuntas irregularidades detectadas
Según los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, durante la etapa precontractual habrían ocurrido diversas actuaciones irregulares. Entre ellas, la eliminación de una de las licitaciones de la plataforma SECOP II, el uso de documentos pertenecientes a otro proceso contractual que carecía de aviso de convocatoria y estudios previos, además de modificaciones al cronograma y al presupuesto sin los respectivos soportes técnicos.
La entidad también indicó que el contrato habría sido adjudicado por fuera de la fecha establecida en el pliego de condiciones, situación que hace parte de las conductas investigadas por las autoridades judiciales.
Para la Fiscalía, estas actuaciones podrían constituir una vulneración de los principios de transparencia y legalidad que rigen la contratación pública, razón por la cual presentó el escrito de acusación contra los tres exfuncionarios.
A juicio
Los procesados deberán comparecer ante la justicia y enfrentar un juicio en el que responderán por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Con esta actuación, el ente acusador busca determinar las responsabilidades individuales de los exfuncionarios en torno a un proceso contractual que, según la investigación, habría presentado múltiples inconsistencias desde su fase de planeación y adjudicación.
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