Un juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Víctor Eligio del Toro Charriz, señalado por la Fiscalía General de la Nación como el presunto responsable del asesinato de la lideresa ambiental Diana Carolina Rodríguez Madrigal, ocurrido el 11 de abril de 2023 en la vereda La Florida, zona rural de San Cayetano, Norte de Santander.
La decisión judicial se produjo luego de que un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputara los delitos de homicidio agravado y hurto calificado. Durante las audiencias preliminares, el procesado no aceptó los cargos formulados por el ente acusador.
Contexto
Según los elementos recopilados durante la investigación, Del Toro Charriz habría actuado por encargo y a cambio de una recompensa económica.
La Fiscalía sostiene que el día del crimen el hombre atravesó un tronco sobre la vía por la que transitaba habitualmente la víctima con el propósito de obligarla a detenerse. Una vez logró interceptarla, presuntamente la atacó con un martillo y un trinche, causándole la muerte.
Las pesquisas también indican que, tras la agresión, el señalado responsable se habría apoderado del teléfono celular de la lideresa, abandonó el cuerpo en una zona boscosa y ocultó los elementos utilizados para cometer el crimen. Posteriormente, habría recibido una motocicleta y dinero en efectivo como pago por la acción violenta.
Crimen por activismo social
La Fiscalía estableció que el homicidio estaría relacionado con la labor social y ambiental que desarrollaba Diana Carolina Rodríguez en su comunidad. La mujer se había convertido en una de las voces más visibles en la defensa del territorio y en la denuncia de posibles irregularidades asociadas a la operación de hornos de coquización que, según advertía, generaban impactos negativos sobre los ecosistemas de la región.
Rodríguez residía en la vereda La Florida y lideró diversas acciones comunitarias para frenar la expansión de coquizadoras que operaban presuntamente de manera ilegal. Su activismo se enfocó en proteger la vocación agrícola del sector y en evitar que actividades industriales afectaran la calidad del aire y los recursos naturales de la zona.
Con el respaldo de habitantes de la comunidad, impulsó protestas y jornadas de movilización que lograron detener proyectos de expansión industrial que buscaban consolidarse mediante ajustes al Plan de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, semanas después de encabezar estas iniciativas y tras denunciar amenazas en su contra, fue asesinada.
El avance de la investigación representa uno de los resultados más significativos en el esclarecimiento de un caso que generó rechazo entre organizaciones sociales, ambientales y defensoras de derechos humanos, que durante más de tres años han exigido justicia por el crimen de la lideresa nortesantandereana.
Alerta Bogotá en Google News