Alcira Sandoval Ibañez

Ordenan arresto contra la alcaldesa de Soledad por desacato a fallo de tutela

Alcira Sandoval

La decisión fue adoptada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soledad, que impuso una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes.

Prensa Alcaldía de Soledad Alcira Sandoval

Un juez ordenó tres días de arresto contra la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, tras declararla en desacato por el incumplimiento de un fallo de tutela emitido en septiembre de 2025.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Cuarto Civil Municipal de Soledad, que además impuso una multa equivalente a cuatro salarios mínimos legales vigentes. Según el fallo, la mandataria deberá ser trasladada a una estación de Policía del municipio para cumplir la sanción.

El caso se remonta a una acción de tutela interpuesta por María Cecilia Ospina de Camacho, en la que se ordenó a la administración municipal garantizar medidas de protección para 77 personas consideradas población vulnerable en el predio conocido como “Finca Los Ángeles”.

Entre las disposiciones judiciales se incluía la asignación de albergues temporales o subsidios de arrendamiento antes de ejecutar un proceso de desalojo. Sin embargo, de acuerdo con el juzgado, estas medidas no fueron implementadas dentro del plazo establecido.

Aunque la decisión inicial fue impugnada por la Alcaldía, esta fue confirmada posteriormente por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Soledad, ratificando las órdenes impartidas.

El despacho judicial señaló que la alcaldesa fue debidamente notificada del incidente de desacato y que se surtieron todos los procedimientos legales correspondientes. No obstante, evidenció que hasta la fecha persiste la vulneración de los derechos fundamentales protegidos en la tutela.

Ante el incumplimiento, el juez concluyó que procedía la sanción de arresto, en cumplimiento de los mecanismos legales para garantizar la efectividad de las decisiones judiciales.

Este caso abre nuevamente el debate sobre el cumplimiento de fallos de tutela por parte de las autoridades locales y la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la protección de los derechos fundamentales.