Padres de familia del grado 9C del Colegio Franciscano San Luis Rey de Armenia denunciaron un grave episodio ocurrido el pasado 31 de agosto, cuando, según su relato, un estudiante habría ingresado tusi y éxtasis al plantel, diluido tusi en el termo de otro alumno y suministrado la bebida a varios compañeros sin que estos conocieran su contenido.
De acuerdo con la denuncia entregada por una madre de familia que pidió mantener su identidad en reserva por razones de seguridad, 6 estudiantes presentaron síntomas de intoxicación y uno de ellos tuvo que ser trasladado desde la enfermería del colegio a un servicio de urgencias. Según aseguró, al menor le practicaron una prueba toxicológica que habría resultado positiva para tusi.
La situación generó preocupación entre las familias, que cuestionan la manera en que el colegio respondió inicialmente al caso. Los padres aseguran que permanecieron durante varias horas en la institución intentando reunirse con el rector y reclamando medidas inmediatas para evitar nuevos riesgos.
Padres cuestionan respuesta del colegio
La denunciante afirmó que los padres de los estudiantes de noveno C acudieron al colegio desde las primeras horas del martes para solicitar explicaciones y conocer qué medidas serían adoptadas frente al caso.
“Estuvimos de 7 de la mañana a 12 del día esperando poder hablar con el padre rector, pero, pues no pasó”, relató la madre, quien explicó que posteriormente las familias recibieron como respuesta que debían esperar el desarrollo del debido proceso.
Los padres, según su versión, no cuestionan la necesidad de garantizar los derechos del estudiante involucrado, pero consideran que eso no debería impedir la adopción de medidas preventivas mientras avanzan las actuaciones correspondientes.
“Nosotros no desconocemos que el debido proceso obviamente se tiene que llevar a cabo, pero le pedimos al padre que por lo menos de manera inmediata separara al niño implicado o a los niños implicados del resto de los niños”, manifestó.
La familia denunciante aseguró que, como medida adoptada por el colegio, el estudiante señalado fue trasladado de noveno C a noveno B, situación que, según los padres, no responde a la preocupación principal relacionada con la seguridad de los demás alumnos.
La madre afirmó además que el estudiante habría manifestado ante sus nuevos compañeros que “a ellos no les iba a hacer absolutamente nada”, comentario que incrementó la preocupación de las familias, según su relato.
Padres retiraron a sus hijos de clases como protesta
Ante la falta de una respuesta que consideraran suficiente, los padres de noveno C decidieron no enviar a sus hijos a clases como una forma de protesta frente a lo ocurrido y para exigir garantías de seguridad.
La ausencia generó una situación adicional, pues algunos docentes continuaron con las actividades académicas programadas y, de acuerdo con la denunciante, a varios estudiantes se les registraron calificaciones de uno por trabajos que no fueron entregados ese día.
Según explicó, desde la coordinación se les indicó posteriormente que esas calificaciones tenían carácter provisional y serían revisadas cuando los estudiantes retomaran sus actividades académicas.
Para las familias, sin embargo, el problema trasciende al grupo de noveno C. Consideran que el ingreso y suministro de sustancias psicoactivas dentro del plantel representa un riesgo para estudiantes de todos los grados, razón por la cual solicitaron reforzar las medidas de prevención y control.
En el derecho de petición presentado el primero de septiembre, los padres solicitaron, entre otras medidas, una separación preventiva de los estudiantes involucrados, información institucional a las familias, activación de las rutas externas correspondientes y un plan para reforzar los controles de ingreso y prevenir el uso y distribución de sustancias dentro de la institución.
El documento fue recibido por el colegio el primero de septiembre, según consta en el sello de recepción visible en la copia aportada por las familias.
Secretaría de Educación dice que se activaron las rutas
Frente a la denuncia, el secretario de Educación de Armenia, Antonio José Vélez Melo, confirmó que la administración municipal conoció públicamente el caso y aseguró que la institución está actuando dentro del marco establecido para situaciones que involucran a menores de edad.
El funcionario explicó que en este tipo de casos deben observarse tanto las disposiciones relacionadas con los derechos de niños, niñas y adolescentes como las establecidas por el sistema de convivencia escolar.
“Recordemos que existe el Código de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098 del 2006, que explícitamente plantea el debido proceso para cualquier situación que tiene que ver con un hecho en el que se vean involucrados menores de edad”, señaló Vélez Melo.
El secretario también hizo referencia a la Ley 1620 de 2013, que establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y contempla mecanismos de prevención, atención y seguimiento frente a situaciones que afectan la convivencia y los derechos de los estudiantes.
Según Vélez Melo, el colegio ya habría activado las rutas correspondientes y realizado comunicaciones ante entidades competentes, entre ellas el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. También indicó que la Secretaría de Educación permanece atenta al desarrollo del caso.
“Hasta el momento el colegio viene desarrollando lo que le compete en materia del proceso debido y estamos atentos a los resultados”, sostuvo el funcionario.
El secretario agregó que, cuando una situación supera las competencias propias de una institución educativa, corresponde a las autoridades competentes adelantar las actuaciones administrativas, policiales o judiciales que sean necesarias, mientras el colegio continúa con las acciones que están dentro de sus atribuciones.
¿Qué respondió oficialmente el colegio?
El Colegio Franciscano San Luis Rey emitió un comunicado de Rectoría fechado el 2 de septiembre, dirigido a padres, madres de familia y acudientes, en el que aseguró que la situación está siendo atendida conforme al marco legal y al Manual de Convivencia.
En el documento, la institución afirmó que desde que tuvo conocimiento de la situación activó la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y que adelanta articulación con las entidades competentes. También señaló que su actuación contempla un enfoque pedagógico, formativo, preventivo y restaurativo.
La Rectoría dedicó una parte del comunicado a explicar que el hecho de que estén involucrados menores de edad obliga a garantizar el debido proceso, el derecho de defensa y la protección integral de todos los estudiantes, y precisó que el colegio no puede sustituir las funciones de las autoridades judiciales, administrativas o policiales.
El colegio también sostuvo que las actuaciones institucionales y las de las autoridades externas pueden desarrollarse de manera paralela, por lo que la continuidad de las actividades académicas no significa, según la institución, que no se estén adelantando acciones frente al caso.
En su comunicado, la Rectoría aseguró además que la protección integral y el bienestar de los estudiantes son una prioridad, que se activaron las rutas establecidas por la Ley 1620, que se adelantan acciones de atención, prevención, acompañamiento y seguimiento y que se mantiene la articulación con las entidades competentes.
La institución no reveló nombres ni información que permita identificar a los menores involucrados. El colegio explicó que esa reserva responde a la obligación de proteger la intimidad, dignidad, honra y datos personales de niños, niñas y adolescentes, y pidió a la comunidad abstenerse de compartir información, imágenes, audios o comentarios que puedan afectar sus derechos.
La controversia queda así planteada entre la exigencia de los padres de obtener medidas inmediatas de protección y la posición del colegio de que debe garantizar simultáneamente el debido proceso y los derechos de los menores involucrados. Mientras avanzan las actuaciones, las familias mantienen su preocupación por la seguridad de sus hijos y reclaman que el episodio no vuelva a repetirse.
Las claves del tema en cuatro preguntas:
¿Qué ocurrió el 31 de agosto en el colegio?
Según la denuncia de los padres, un estudiante habría ingresado tusi y éxtasis al plantel, habría diluido tusi en el termo de otro alumno y suministrado la bebida a varios estudiantes sin informarles qué contenía. Varios presentaron síntomas de intoxicación y uno fue trasladado a urgencias, donde, según la familia denunciante, una prueba toxicológica habría resultado positiva para tusi.
¿El colegio activó alguna ruta de atención?
Sí. La Rectoría afirma que activó la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y que inició la articulación con entidades competentes, mientras que el secretario de Educación confirmó que conoció del caso y que la institución viene adelantando las actuaciones que le corresponden.
¿Por qué los padres cuestionan la actuación del colegio?
Las familias consideran que la aplicación del debido proceso no debería impedir la adopción de medidas preventivas inmediatas para proteger a los demás estudiantes. Su principal preocupación está relacionada con la permanencia de los involucrados en las actividades académicas y con la ausencia, según su versión, de una respuesta que les permitiera sentirse seguros.
¿Qué sigue ahora?
El caso continuará por dos vías: el procedimiento interno de convivencia y las actuaciones de las autoridades competentes que hayan sido notificadas, mientras el colegio asegura que mantendrá las acciones pedagógicas, preventivas, de acompañamiento y seguimiento. Las familias, por su parte, advierten que acudirán ante la Secretaría de Educación y organismos de supervisión si consideran que no se adoptan garantías suficientes para sus hijos.
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