En medio de múltiples quejas ciudadanas por cobros no autorizados en las facturas de servicios públicos, Empresas Públicas de Armenia (EPA) aseguró que el valor de $15.500 correspondiente a un seguro de vida no hace parte del servicio como tal, sino de un convenio con la aseguradora Colmena, lo que ha generado inquietud entre usuarios que aseguran no haber solicitado dicho producto.
Las inconformidades se han hecho visibles principalmente en redes sociales, donde usuarios han señalado que el cobro aparece incluido en la factura de acueducto, alcantarillado y aseo, sin autorización previa.
Frente a esto, el director comercial de EPA, José Francinet Hernández Calderón, explicó que la empresa "tiene un convenio con Colmena que permite el recaudo del seguro a través de la factura", y precisó que es la aseguradora la encargada de ofrecer el producto y formalizar la vinculación con los usuarios.
El funcionario indicó que, ante los reclamos, EPA actúa como intermediario, orientando a los ciudadanos y estableciendo contacto con Colmena para gestionar la eliminación del cobro o la cancelación del servicio. Además, aseguró que en estos casos se permite realizar el pago únicamente de los servicios públicos mientras se resuelve la situación, con el fin de no afectar a los usuarios.
Quejas por cobros no autorizados y dudas de los usuarios
A pesar de la aclaración institucional, persiste la preocupación entre ciudadanos que aseguran no haber adquirido el seguro.
Tal es el caso de Flor Ramírez, quien afirmó que recibe llamadas y mensajes insistentes por el cobro de una póliza que desconoce. Según señaló, esta situación “le hace pensar que puede tratarse de una estafa”, debido a la falta de claridad sobre el origen del cobro.
Desde EPA se reiteró que la información utilizada para facturar este seguro es suministrada directamente por Colmena, lo que limita su intervención a la gestión del recaudo.
No obstante, el caso ha abierto cuestionamientos sobre los mecanismos de autorización y control en la inclusión de servicios adicionales dentro de facturas públicas, especialmente cuando los usuarios reportan no haber dado su consentimiento.
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