Una controversia por presuntos sobrecostos en la compra de implementos deportivos sacude al municipio de Curumaní, Cesar. La discusión gira en torno a un contrato por $249.235.000, suscrito por la administración municipal para dotar a las escuelas de formación deportiva, cuyos precios unitarios han sido cuestionados por un concejal de oposición y ciudadanos que compararon los valores con los disponibles en el mercado.
La denuncia fue presentada por el concejal Álex Oliveros Galindo, quien publicó las tablas de precios del proceso e invitó a la comunidad a verificar cuánto costaban los artículos adquiridos para las disciplinas de fútbol, voleibol y patinaje.
Entre los valores que generaron cuestionamientos figuran balones de voleibol facturados a $258.000 por unidad, guayos deportivos a $246.000 y balones de fútbol número 5 a $228.000. Las cifras despertaron interrogantes sobre la elaboración del presupuesto oficial, las cotizaciones utilizadas y las condiciones en las que se adjudicó el contrato.
Los precios que desataron la controversia
La revisión de los documentos publicados en la plataforma de contratación estatal Colombia Compra Eficiente, citados por el diario El Pilón, muestra diferencias entre varios precios contractuales y cotizaciones comerciales.
En el caso de los guayos deportivos, la Alcaldía contrató 200 pares, en tallas de la 30 a la 38, por $246.000 cada uno. Según una cotización del fabricante nacional Grupo Y S. A., propietario de la marca Golty, fechada el 13 de octubre de 2026, un par de guayos de esas tallas costaba $71.100, IVA incluido.
La comparación también llamó la atención sobre los balones de fútbol. El contrato contempla 150 unidades número 5 a $228.000 cada una y otras 150 unidades número 4 a $205.000. En contraste, la cotización de Golty citada en la publicación establece un precio de $53.526 por unidad para ambas referencias termoselladas, con el impuesto incluido.
Los balones de voleibol tampoco escaparon a los cuestionamientos. La administración habría contratado 100 unidades a $258.000 cada una, mientras que la cotización de Golty reporta $67.548 por unidad. Por su parte, las referencias de la marca Molten disponibles en Colombia, según los valores citados, oscilan entre $103.178 y $181.053.
Otro de los artículos señalados son los balones de futsala. El contrato contempla 100 unidades con cubierta de PVC a $202.500 cada una, frente a una cotización de $57.301 por unidad para una referencia de Golty. Sin embargo, la publicación también menciona que un balón profesional de esa marca se comercializa en una tienda virtual por $199.900, lo que evidencia la importancia de comparar referencias y especificaciones equivalentes.
Una diferencia superior a $117 millones
Uno de los datos centrales de la denuncia corresponde a la compra conjunta de 500 balones y 200 pares de guayos deportivos.
De acuerdo con las cifras divulgadas por EL PILÓN, estos elementos representaron un costo contractual de $160.200.000. Al compararlos con la cotización directa del fabricante nacional, que suma $42.762.769 con IVA incluido, la diferencia asciende a $117.437.231.
La comparación también abarca otros implementos. Los 200 petos deportivos de poliéster fueron tasados en $72.000 por unidad, para un total de $14.400.000. Según la publicación, en plataformas de comercio electrónico se encuentran productos similares a precios que van de $13.600 a $34.990 por unidad, dependiendo de la oferta.
Asimismo, se cuestionó el precio de las 230 canilleras plásticas sin tobillera, facturadas a $35.000 cada una, frente a referencias comerciales cuyos valores oscilan entre $9.485 y $32.600.
Estas diferencias han motivado preguntas sobre los estudios de mercado que sirvieron de base para fijar los precios del contrato. No obstante, las comparaciones comerciales por sí solas no determinan la existencia de una irregularidad: para establecerla es necesario revisar las características técnicas de los productos, las condiciones de suministro, los costos asociados y los soportes de la contratación.
Un solo proponente participó en el proceso
Los documentos contractuales citados indican que el proceso de selección abreviada mediante subasta inversa se adelantó el 6 de agosto de 2026 y contó con un único proponente: Cindy Paola Díaz Payares, propietaria del establecimiento Suministros Payares.
La oferta final fue de $249.235.000, apenas $765.000 por debajo del presupuesto oficial, establecido en $250 millones.
Según la información publicada, al presentarse una sola oferta que cumplía los requisitos, el procedimiento podía continuar con la adjudicación sin necesidad de realizar una puja competitiva entre varios participantes.
Posteriormente, el 18 de agosto se firmó el acta de inicio del contrato, con un plazo de ejecución de dos meses. La fecha prevista para completar la entrega de los implementos es el 18 de octubre de 2026.
La contratación tiene como finalidad dotar a las escuelas de formación deportiva del municipio, una inversión que busca respaldar los procesos de entrenamiento y participación de niños y jóvenes en diferentes disciplinas.
¿Qué respondió la Alcaldía de Curumaní?
César Centeno Cadena, secretario general de Curumaní y supervisor designado del contrato, defendió la legalidad y transparencia del proceso y rechazó que las diferencias de precios permitan concluir, por sí solas, que hubo sobrecostos.
El funcionario aseguró que la contratación se adelantó en cumplimiento del Plan de Desarrollo municipal y que los documentos están disponibles para consulta pública en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, SECOP I.
“Somos respetuosos de quienes hacen las acusaciones, pero no las compartimos. Decir que hay un sobrecosto sin una investigación es algo apresurado. El proceso nace de un proyecto con su debida planeación y teniendo en cuenta los estudios de mercado, de donde salen los presupuestos. Se hicieron diferentes cotizaciones y todo está documentado y puede ser verificado”, manifestó Centeno Cadena.
Frente a los cuestionamientos por los valores unitarios, el secretario sostuvo que la selección de los implementos tuvo en cuenta las características y la calidad de los productos requeridos para las escuelas deportivas.
“En el mercado existe una cantidad de precios y valores de los elementos que se compraron; unos están por encima y otros por debajo. No es correcto pensar que comprar lo más barato sea lo más pertinente para el municipio. Siendo consecuentes con los principios de la contratación, hemos hecho nuestro esfuerzo para adquirir productos de calidad para que estas poblaciones tengan acceso al deporte”, afirmó.
El funcionario también explicó que, a su juicio, los precios de una contratación pública no deben compararse directamente con los de una compra individual en una tienda, debido a las obligaciones y costos que debe asumir el contratista.
“Al momento de establecer el presupuesto, es diferente un municipio a una persona natural, porque al contratista se le hacen las deducciones de ley y debe asumir los costos en que se incurre por estampillas, IVA y demás gastos inherentes al proceso”, puntualizó.
La polémica queda abierta
El caso deja sobre la mesa varios interrogantes: cómo se calcularon los precios de referencia, qué cotizaciones respaldaron el presupuesto oficial, cuáles son las especificaciones técnicas de los implementos y cómo se verificará que los productos entregados correspondan a lo contratado.
Mientras el concejal denunciante pide explicaciones sobre las diferencias de precios y la participación de un solo oferente, la administración municipal insiste en que el proceso fue planeado y cuenta con soportes documentales.
Por ahora, la información divulgada expone diferencias económicas que ameritan revisión, pero no permite afirmar por sí sola que exista responsabilidad penal, fiscal o disciplinaria. La determinación de posibles irregularidades dependerá de la evaluación de los documentos, las condiciones contractuales y las eventuales actuaciones de los organismos de control.
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