Los habitantes del perímetro urbano del municipio de San Pelayo y varias poblaciones dicen que la preocupación crece cada día por el riesgo de inundaciones en la Boca del Mañe en el río Sinú donde desde el pasado 26 de marzo se registró una falla en el terraplén de una obra ejecutada en la administración anterior por más de nueve mil millones de pesos.
Debido a las fuertes lluvias en el alto y medio sinú, el nivel del río aumentó, lo que ha hecho que la estructura que ya presentaba fallas se siga desprendiendo poco a poco e incluso presente filtraciones el gobierno municipal convocó a un consejo extraordinario de gestión del riesgo, en el que se socializaron avances y se adoptaron decisiones clave frente a este punto crítico.
Durante la reunión se socializó una visita técnica realizada tras una solicitud elevada a la UNGRD, en la cual se evaluaron las condiciones actuales de la falla teniendo en cuenta el aumento del nivel del río, por lo que se concertó con la comunidad iniciar un tablestacado de manera conjunta, a una distancia prudente de la falla, con el fin de salvaguardar la vida y evitar afectar aún más la estructura existente.
Simultáneamente con el apoyo de la Gobernación de Córdoba y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre, UNGRD, continúan los trabajos de construcción del dique como obra principal de mitigación, con la llegada progresiva de material y la gestión de mayor maquinaria, lo que permite avanzar en su conformación y fortalecer la respuesta en este punto.
Entre las medidas preventivas se definió la expedición de un decreto para restringir el acceso a 100 metros del punto crítico y así evitar que los curiosos pongan en riesgo sus vida. Así mismo, se hizo un llamado a operadores de lanchas, especialmente de turismo, para que reduzcan la velocidad al transitar por el sector, evitando que el oleaje afecte la estructura en el punto.
Desde la alcaldía informaron que mantiene monitoreo permanente a través de la Secretaría de Planeación e Infraestructura y continúan los trabajos de manera articulada con las entidades competentes, priorizando la protección de la vida y el avance de las obras de mitigación.
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