En Barranquilla continúa la extorsión. En el barrio Chiquinquirá, sur de la ciudad, las trabajadoras sexuales denuncian que deben pagar una cuota para poder operar en la zona.
Hasta hace poco estas mujeres cancelaban cinco mil pesos diarios; sin embargo, el mecanismo de control cambió. Para evitar incumplimientos, los grupos extorsivos mantienen campaneros 24/7 que entregan detalles sobre las actividades en la calle.
"Dan cuenta quién llegó, quién no llegó, a qué hora se fue, a qué hora llegó. O sea, son unos compañeros que últimamente le dicen o reportan al extorsionista mayor. Según la actividad que haya tenido, así debe ser la cuota para poder trabajar en ese sector de la ciudad" (sic), contó un habitante del barrio, quien por razones de seguridad pidió no revelar su nombre.
La comunidad exige la intervención de las autoridades ante una situación que, según vecinos, pone en riesgo a menores: muchas trabajadoras salen a ejercer acompañadas de sus hijos.
"Mientras la mamá está trabajando, los niños están ahí en el parque, mirando el consumo, mirando el otro tipo de trabajo sexual que hay ahí. Llega la Policía de Infancia y Adolescencia, llega la Policía de narcóticos, llega el Gaula, pero las las otras situaciones permanecen idénticas y no es desde esta administración. Probablemente, desde que el parque se remodeló. como del 2018. Es una situación que, Alejandro Char, el actual alcalde, la conoce; Elsa Noguera (exalcaldesa de Barranquilla) la conoció; Jaime Pumarejo (exalcalde de la ciudad) la conoció, pero no se ha podido erradicar de raíz" (sic).
El vecino agregó que los operativos producen mejoras temporales: “hace unos días mejora y después vuelve otra vez”, por lo que reclama medidas contundentes para erradicar el problema.
El comercio, la otra cara de las extorsiones
Los comerciantes de la capital del Atlántico aseguran que la extorsión está desbordada y que hasta el 90 % de los negocios en la ciudad y en municipios del departamento han sido víctimas de estos cobros.
Alejandro Duarte, expresidente deUnión Nacional de Comerciantes (Undeco) en el Atlántico, advirtió que hay un retroceso a los años 2012 y 2013, cuando el fenómeno crecía de manera acelerada.
"A un comerciante se le está obligando a pagar cuotas entre dos y cinco millones de pesos mensuales, más una cuotas semanales que oscilan entre 100 y 500.000 pesos, dependiendo el tipo de negocio, al estrato, a las ventas. No hay ninguna actividad económica que resista una extorsión de este tipo" (sic), aseveró.
Duarte también señaló la facilidad con la que los extorsionistas contactan a los dueños: "No es posible que a los comerciantes los estén llamando de cinco a 10 números celulares, y esos celulares, durante una semana o dos, sigan estando activos. Yo creo que hay medidas que se puedan implementar, con las empresas de telefonía celular, en conjunto con la Policía".
El dirigente advirtió que existe temor a denunciar porque, aunque se capturen integrantes de los grupos, los jefes suelen permanecer al mando, lo que representa un riesgo para quienes presentan denuncias. Por ello pide planes específicos y acciones coordinadas para frenar el fenómeno.
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