Crece la preocupación de decenas de habitantes de Tocancipá, Cundinamarca, por el cobro del impuesto de valorización, luego de que hace unos días empezaran a llegar las liquidaciones a los propietarios de determinados inmuebles del municipio.
El cobro autorizado por el Concejo Municipal mediante un acuerdo y destinado a financiar obras públicas, generó cuestionamientos entre algunos habitantes, quienes aseguran que los valores establecidos en sus recibos serían demasiado altos frente al valor de sus propiedades y su capacidad económica.
Uno de los casos denunciados corresponde a una familia que recibió una liquidación superior a $30 millones por un predio heredado que, según su propietario, no alcanza un valor de $140 millones.
“Nosotros tenemos un predio heredado que no alcanza a valer $140 millones de pesos y el impuesto me llegó por más de $30 millones. Es absurdo que piensen que uno tiene la plata para poder pagar ese valor”, manifestó uno de los afectados.
La discusión también ha llegado a sectores rurales del municipio, donde habitantes cuestionan el impacto que tendría el cobro sobre familias campesinas que, según denuncian, tienen sus terrenos como único patrimonio.
Habitantes cuestionan cobros y posible impacto en las familias
El exconcejal Nelson Castelblanco, quien hace parte de la oposición a la actual administración, aseguró que existen casos en los que las liquidaciones representarían una carga económica difícil de asumir.
“A sectores de comunidades vulnerables como la vereda Canadita, La Esmeralda y La Fuente, no les garantizan todos los servicios públicos, ningún trazado vial pasa por acá y no van a tener ningún beneficio directo, pero sí les llega el cobro de la valorización que supera los $140 millones”, afirmó.
Castelblanco también señaló que algunas familias campesinas han reportado, según sus denuncias, cobros que consideran erróneos en predios adquiridos por herencia.
“Hay cobros por más de $1.000 millones de pesos y la única opción que estos campesinos tienen para poder pagar este tipo de montos, pues es vender sus terrenos”, aseguró.
El exconcejal pidió a la Alcaldía revisar las liquidaciones y analizar alternativas para financiar las obras previstas, teniendo en cuenta las condiciones económicas de los propietarios y el eventual beneficio que recibirían los predios sujetos al cobro.
La preocupación también se extiende al comercio y a quienes viven en inmuebles arrendados. Algunos habitantes temen que el cobro termine generando incrementos en los arriendos y afectaciones para los negocios.
“Yo trabajo en flores hace 20 años y vivo en casa arrendada. La verdad me siento asustada porque los dueños de casa nos van a subir en el arriendo, la economía se va a sentir en las tiendas”, manifestó una habitante.
Alcalde responde a los cuestionamientos
El alcalde de Tocancipá, Walfrando Forero, aseguró que su administración está dispuesta a revisar cada caso y escuchar a los propietarios que tengan inquietudes sobre las liquidaciones.
“Nosotros estamos abiertos al diálogo y el alcalde tiene la obligación de respetar y escuchar la comunidad. Estaremos listos a escuchar a cada persona a la que le llegó un recibo de valorización”, afirmó.
El mandatario agregó que, si se encuentra alguna irregularidad en la liquidación, se realizará la revisión correspondiente.
“Vamos a escuchar a uno por uno y si hay alguna irregularidad en la forma como se liquidó ese recibo, cuenten 100% que va a ser escuchado y que se hará el ajuste”, señaló.
Forero también manifestó su preocupación por las amenazas que, según dijo, ha recibido él y su familia en medio de las protestas relacionadas con el cobro. El alcalde afirmó que respeta las manifestaciones pacíficas, pero rechazó cualquier acto de violencia.
En ese contexto, realizó un señalamiento público contra los concejales George Garzón y Orlando Agudo, a quienes responsabilizó en caso de que llegara a ocurrir un hecho contra su integridad o la de alguno de sus familiares.
Mientras continúa la inconformidad, la Alcaldía mantiene abierta la posibilidad de revisar individualmente las liquidaciones cuestionadas por los habitantes.
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