La propuesta del Instituto Nacional de Vías (Invías) de financiar mediante la Contribución Nacional de Valorización varias obras estratégicas del Eje Cafetero sigue generando una ola de rechazo en el Quindío.
Aunque la iniciativa fue aprobada por el Consejo Directivo de la entidad, todavía requiere un acto administrativo para hacerse efectiva, por lo que distintos sectores insisten en que aún hay margen para replantearla.
El proyecto incluye obras como el Cruce de la Cordillera Central, la doble calzada Calarcá-Armenia-Montenegro-Quimbaya-Alcalá-Cartago y varios tramos de las Vías del Samán. De salir adelante, la medida impactaría a propietarios de predios en Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Montenegro, Quimbaya y Salento.
"No existen garantías para aplicar este cobro"
El representante a la Cámara por el Quindío, Jesús Bedoya, fue uno de los primeros en pronunciarse. El congresista rechazó la propuesta al considerar que no existen garantías técnicas, jurídicas ni de transparencia, además de cuestionar que el paquete reúna obras con diferentes estados de ejecución y distintas fuentes de financiación, incluso algunas ya terminadas.
Según Bedoya, antes de trasladar una carga económica de esta magnitud a los propietarios, el Gobierno Nacional debe demostrar el beneficio real que recibiría cada predio y garantizar un proceso ajustado a la ley. Además, anunció que ejercerá control político para hacer seguimiento al trámite y velar por los derechos de los ciudadanos.
"Las obras nacionales deben pagarse con recursos de la Nación"
A esa posición se sumó el presidente de la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Uriel Orjuela Ospina, quien aseguró que el gremio respalda el desarrollo de la infraestructura vial, pero no comparte que se pretenda cobrar valorización por proyectos como el Cruce de la Cordillera Central, cuando el Túnel de La Línea lleva cerca de seis años en funcionamiento.
El dirigente sostuvo que este tipo de infraestructura debe financiarse con los recursos provenientes de los peajes y del Presupuesto General de la Nación, y no mediante nuevos cobros a los propietarios. Además, advirtió que el paquete de obras representa una inversión cercana a 6 billones de pesos, mientras que la base gravable preliminar de la valorización ronda los 4,97 billones de pesos, por lo que insistió en buscar alternativas que no afecten la economía regional.
Orjuela también cuestionó que hasta ahora no se haya socializado la metodología para definir cuáles predios serían objeto del cobro, cómo se calcularía el beneficio y cuál sería el valor que asumiría cada propietario, aspectos que considera indispensables antes de avanzar con cualquier decisión.
El rechazo coincide con la posición de la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, que pidió al director general del Invías abstenerse de expedir el acto administrativo mientras se estudian otras fuentes de financiación. A esta postura se sumó el gobernador del Quindío, Juan Miguel Galvis, quien calificó la propuesta como "inaceptable", anunció la instalación de mesas técnicas para evaluar sus implicaciones jurídicas y económicas y solicitó al Gobierno Nacional desistir de la iniciativa.
¿La valorización ya entró en vigencia?
No. El Consejo Directivo del Invías aprobó el acuerdo, pero todavía falta el acto administrativo que haría efectivo el cobro.
¿Qué obras contempla el proyecto?
Incluye el Cruce de la Cordillera Central, la segunda calzada Calarcá-Armenia-Montenegro-Quimbaya-Alcalá-Cartago y varios tramos de las Vías del Samán, consideradas estratégicas para la conexión entre el centro del país y el puerto de Buenaventura.
¿Qué municipios del Quindío estarían involucrados?
La propuesta cobijaría predios ubicados en Armenia, Calarcá, Circasia, Filandia, Montenegro, Quimbaya y Salento.
¿Por qué genera tanta oposición?
Los críticos sostienen que las obras son de interés nacional, que varias ya están en funcionamiento y que deberían financiarse con recursos del Estado y los peajes. También advierten que la medida podría representar una nueva carga económica para familias, comerciantes, empresarios y productores rurales, sin que hasta ahora se conozcan los criterios técnicos que definirían el cobro.
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