Universidad del Atlántico

Universidad del Atlántico frena elección de decanos: Procuraduría entrará a decidir

Reunión Consejo Superior de Uniatlántico-

La Universidad del Atlántico suspendió la elección de decanos tras recusaciones contra todo el Consejo Superior. Procuraduría decidirá.

Gobernación del Atlántico Reunión Consejo Superior de Uniatlántico-

Ante las recusaciones presentadas contra la totalidad de sus nueve integrantes, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico (CSU) anunció la suspensión inmediata del proceso de elección de los diez decanos de las facultades y del representante del sector productivo ante este órgano de gobierno.

La determinación, adoptada en sesión extraordinaria, se fundamenta en el artículo 12 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y en la jurisprudencia del Consejo de Estado. Según el análisis jurídico, cuando una recusación afecta a todos los miembros de un cuerpo colegiado, el órgano pierde competencia y quórum para decidir, por lo que la Procuraduría Regional del Atlántico es la única instancia facultada para resolver la situación.

¿Cómo será el proceso para resolver las recusaciones en la Universidad del Atlántico?

La Secretaría del CSU notificará formalmente a los consejeros recusados, quienes contarán con un término de cinco días hábiles para presentar sus descargos. Una vez cumplido este paso, el expediente será remitido a la Procuraduría Regional del Atlántico para su resolución definitiva.

Este protocolo responde a la necesidad de salvaguardar la transparencia y la legalidad del proceso electoral universitario. De acuerdo con precedentes del Consejo de Estado, incluidos autos y sentencias de 2017, 2019 y 2021, actuar bajo una recusación masiva sin la intervención del Ministerio Público pondría en riesgo la validez de los nombramientos, exponiendo a la institución a nulidades por violación al debido proceso y a posibles sanciones disciplinarias contra los consejeros.

Suspensión de elección de decanos en la Universidad del Atlántico busca garantizar la legalidad

La administración del CSU enfatizó que esta medida de suspensión es necesaria para garantizar la legitimidad institucional. "Los riesgos de ignorar este mandato son significativos. Ante una recusación masiva, el CSU carece de competencia; por tanto, la suspensión inmediata es la única vía para blindar la legalidad de los actos administrativos y asegurar un proceso electoral válido para toda la comunidad universitaria", precisó la oficina jurídica.

La Gobernación del Atlántico reiteró que el Consejo Superior mantendrá informada a la comunidad universitaria sobre el avance de este trámite ante los organismos de control, garantizando siempre la transparencia y el cumplimiento de los estatutos internos.

¿Por qué fue suspendido el proceso de elección de decanos y del representante?

El proceso fue suspendido porque se presentaron recusaciones contra los nueve integrantes del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico. De acuerdo con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando todos los miembros de un órgano colegiado son recusados, este pierde competencia y quórum para tomar decisiones hasta que la situación sea resuelta por la autoridad competente.

¿Qué procedimiento se seguirá para resolver las recusaciones presentadas contra los consejeros?

La Secretaría del Consejo Superior notificará formalmente a los consejeros recusados, quienes tendrán cinco días hábiles para presentar sus descargos. Posteriormente, el expediente será enviado a la Procuraduría Regional del Atlántico, entidad encargada de evaluar las recusaciones y emitir una decisión definitiva sobre el caso.

¿Qué riesgos buscó evitar el Consejo Superior al suspender el proceso electoral?

La suspensión busca garantizar la transparencia, la legalidad y el debido proceso. Según los precedentes del Consejo de Estado, continuar con las elecciones mientras existe una recusación masiva podría generar nulidades en los nombramientos, afectar la legitimidad de las decisiones adoptadas y exponer a los consejeros a eventuales sanciones disciplinarias.