Cinco proyectos de ley acumulados en el Senado de la República buscan convertir el derecho a la alimentación en una obligación real para el Estado colombiano.
La discusión tomó fuerza durante la audiencia pública realizada el miércoles 6 de mayo de 2026, convocada por el senador Alfredo Deluque Zuleta, quien lidera el Proyecto de Ley No. 290 de 2025, una iniciativa que reglamenta el artículo 65 de la Constitución y desarrolla la reforma denominada “Por una Colombia sin hambre”.
El debate se realizó en la Comisión Primera del Senado y reunió a representantes del Gobierno, organizaciones sociales, líderes campesinos y ciudadanos, con el propósito de recoger aportes técnicos y comunitarios para construir una política integral de seguridad alimentaria.
La propuesta busca enfrentar una problemática histórica en Colombia: el hambre y la desnutrición que siguen afectando a miles de familias, especialmente en regiones apartadas y sectores vulnerables.
Aunque el país ha aprobado diferentes leyes relacionadas con la seguridad alimentaria y la protección de la niñez, las cifras de pobreza y desnutrición continúan evidenciando profundas desigualdades.
En varias zonas rurales y urbanas, el acceso a alimentos nutritivos sigue siendo limitado, mientras que comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes enfrentan dificultades para mantener su autonomía alimentaria.
Durante la instalación de la audiencia, el senador Deluque insistió en que el acceso a la alimentación no puede seguir siendo visto como un privilegio o una meta lejana.
“Esta no es una discusión menor. Es, sin duda, una de las más urgentes y estructurales que tiene Colombia”, afirmó el congresista, quien además advirtió que garantizar una alimentación adecuada debe convertirse en un derecho exigible y efectivo.
Alimentos de las regiones para sus habitantes
El proyecto de ley plantea que el Estado tenga responsabilidades claras frente a la disponibilidad, acceso, calidad y sostenibilidad de los alimentos. Además, propone políticas públicas con enfoque diferencial y pertinencia cultural, reconociendo las necesidades y costumbres alimentarias de cada territorio.
Uno de los puntos más relevantes de la discusión fue la participación de organizaciones sociales y campesinas. Guillermo Pérez, vocero del sector rural, destacó la importancia de fortalecer la producción local y promover el consumo de alimentos propios de las regiones, como parte de una estrategia para garantizar una alimentación digna.
Desde departamentos como Guaviare también se alertó sobre las dificultades que enfrentan niños y adolescentes para acceder a una alimentación balanceada.
Líderes comunitarios señalaron que muchas familias aún viven sin garantías básicas para combatir la desnutrición.
Las iniciativas acumuladas, 267, 274, 288 y 290 de 2025 Senado, pretenden consolidar un marco normativo robusto que permita transformar el derecho a la alimentación en una política pública permanente.
El reto no solo consiste en aprobar nuevas leyes, sino en asegurar que estas realmente se traduzcan en menos hambre y mejores condiciones de vida para millones de colombianos.
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