El Noticiero Alerta conoció que, las autoridades de Caldas adelantan una investigación por una delicada denuncia de presunto abuso sexual en contra dos niñas menores de edad, en zona rural del municipio de Villamaría.
Los hechos habrían ocurrido en la vereda Primavera de la población. El secretario de Gobierno, Jhon Edison Giraldo, confirmó que, tras conocerse el caso, se activaron de inmediato los protocolos de atención para el restablecimiento de los derechos de las pequeñas.
También se pudo establecer que las menores fueron trasladadas al Hospital San Marcos de Chinchiná, donde reciben atención médica especializada.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya indaga en el caso, con el objetivo de garantizar la protección de las posibles afectadas.
La Policía Metropolitana, no se ha pronunciado ante lo ocurrido por lo que se espera que para las próximas horas se entreguen más detalles y si hay capturas por estos hechos.
Caso similar en el Centro Sur de Caldas
Un juez de la República dictó en contra del pastor Ramírez, una condena de 43 años y 6 meses de prisión, luego de hallarlo responsable de los delitos de secuestro agravado y acceso carnal violento agravado en contra de su propia hijastra, una menor de solo 13 años.
Los acontecimientos que estremecieron a la sociedad risaraldense ocurrieron el pasado 29 de abril de 2025, en una finca ubicada en la vereda San Andrés, una zona rural limítrofe entre los municipios de Chinchiná (Caldas) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda), donde el hoy condenado retuvo a la menor contra su voluntad y procedió a agredirla brutalmente.
La valentía de la víctima fue clave para su salvación, pues en un momento de descuido de su captor, la niña logró escapar y buscar refugio entre trabajadores del sector, quienes intervinieron de forma inmediata para protegerla y alertar a las autoridades.
El proceso judicial avanzó con celeridad gracias a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía y a una estrategia legal enfocada en el bienestar de la afectada. Según explicó el abogado Julián Andrés Martínez Cobos, representante legal de la menor y de su madre, la condena se consolidó tras “un preacuerdo presentado por la defensa del victimario justo antes de iniciar la audiencia de juicio oral”.
El jurista detalló que el primero de mayo de 2025, se realizaron las audiencias preliminares donde le imputaron los cargos y se dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario. Posteriormente, según señaló el abogado Martínez Cobos, "el propósito del preacuerdo fue evitar el desgaste de un juicio y, sobre todo, evitar la revictimización de la menor, impidiendo que tuviera que enfrentarse a una declaración pública sobre los vejámenes sufridos".
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