El reciente atentado con artefactos explosivos lanzados desde un dron y perpetrado contra la subestación de Policía del corregimiento de Santa Cecilia, en el municipio de Pueblo Rico (Risaralda), ha trascendido el plano judicial para convertirse en un agudo debate político y de seguridad en el departamento.
El ataque ha reabierto de forma inmediata la controversia sobre la efectividad de las alertas tempranas y los informes de inteligencia de las Fuerzas Militares.
Y es que mientras sectores sociales demuestran que el uso de tecnologías aéreas por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ya había sido denunciado formalmente, los mandos oficiales de la región mantenían reportes que desestimaban por completo cualquier amenaza inminente contra dicha unidad.
La gravedad del asunto radica en la predictibilidad de la acción criminal pues históricamente, el occidente de Risaralda y sus zonas limítrofes enfrentan un incremento de la hostilidad guerrillera a mitad de año, coincidiendo con el aniversario del levantamiento en armas del ELN.
Sin embargo, la brecha entre los testimonios de los habitantes en territorio y el diagnóstico de las agencias de seguridad del Estado, impidió que se adoptaran medidas de contención efectivas antes de que los explosivos cayeran sobre la infraestructura policial.
¿Por qué se ignoraron las advertencias de la población?
Las denuncias sobre la preparación de este golpe terrorista, al parecer, no eran simples rumores de pasillo. Eisenhower Djanon Zapata, investigador social e integrante del Comité de Justicia Transicional en Risaralda, reveló con precisión cronológica cómo la comunidad civil e incluso la comunidad estudiantil de la zona, advirtieron hace varias semanas que habían detectado las maniobras de una estructura insurgente como para ejecutar un ataque.
Según Dejanon, los avistamientos se dieron en puntos geográficos específicos y la información llegó a ser expuesta en mesas formales de derechos humanos ante la Defensoría del Pueblo, sin que esto provocara un cambio en la estrategia defensiva.
"Ya se había advertido el hecho de que, en la zona, sobre todo en un sector que se llama La Punta, se habían visto drones como ensayándose con gente de civil, aparentemente pues de civil, pero que realmente eran parte de la milicia del ELN", detalló el investigador social, dejando en evidencia que el grupo armado ya venía estructurando un método de asalto inédito en esta sección del departamento.
De acuerdo con Zapata, las dinámicas de observación civil eran sumamente detalladas, "la misma ciudadanía había visto los elementos sobrevolando en algunas zonas indígenas y parte del consejo comunitario, habían hablado sobre cómo estaban ensayando; de hecho, recuerdo que en uno de los colegios de Santa Cecilia había muchachos de grado décimo y once que habían visto los drones despegar de una zona selvática”; ante estos insumos, para el Comité de Justicia Transicional, era evidente que la estación civil ya se consideraba un objetivo militar consolidado por la guerrilla.
¿Autoridades militares descartaron el peligro?
En la otra orilla de la controversia se encuentran las declaraciones del aparato militar regional. Días antes de que los drones criminales sobrevolaran el corregimiento arrojando las cargas explosivas, el comandante del Batallón de Infantería No. 18 San Mateo, el coronel Luis Alfonso Palomino, había salido al paso de los temores comunitarios asegurando de forma tajante que las agencias de información del Estado no daban crédito a un plan de asalto contra la subestación de Santa Cecilia.
"En cuanto a alguna sospecha que tengamos de ataque hacia la subestación de Santa Cecilia, por información de inteligencia militar, nosotros no tenemos", sostuvo con firmeza el alto oficial militar en su momento.
A pesar de su escepticismo técnico frente a la alerta por drones, el uniformado reconoció el estatus de vulnerabilidad crónica del corredor del occidente. "Lógicamente, ustedes que conocen el territorio saben que todo ese eje vial desde Pueblo Rico hasta Puente Guarato es un lugar de extrema atención. Allá estos bandidos del ELN hacen su conmemoración del aniversario de ellos", indicó.
El coronel Palomino recordó que en la anualidad anterior la respuesta institucional fue efectiva ante la instalación de material propagandístico en las vías, señalando que "el año pasado nos colocaron unas banderas a lo que nosotros de manera rápida reaccionamos e inclusive capturamos a una persona, pero las tropas también están dispuestas ahí en Santa Cecilia de manera permanente en caso de alguna situación con la estación de policía, pero por información de inteligencia no tengo yo ninguna atención”.
El fantasma de la violencia limítrofe revive
Esta preocupante desconexión en los análisis de riesgo ocurre en medio de un escenario de orden público sumamente frágil. Localidades como Santa Cecilia y San Antonio del Chamí en Risaralda, figuran con alertas permanentes debido a su posición geográfica. Su cercanía e interconexión con el departamento del Chocó convierte a estas zonas rurales en corredores estratégicos para las actividades logísticas e ilegales del ELN.
Apenas en fechas recientes se registraron otros hechos violentos asociados en la misma troncal, como la incineración de vehículos de transporte comercial en el sector chocoano de Guarato, a pocos minutos de los límites con Pueblo Rico. Asimismo, la tensión social ha escalado en municipios vecinos como Mistrató, donde la intervención de autoridades locales, incluyendo al secretario de Gobierno departamental, ha sido necesaria para mediar tras choques comunitarios relacionados con operaciones de la Fuerza Pública contra presuntos milicianos.
Finalmente, el ataque con drones plantea ahora el reto técnico de contrarrestar amenazas aéreas no convencionales en una región donde la ciudadanía exige que sus denuncias dejen de ser tratadas como datos secundarios.
Preguntas sobre esta situación
¿Qué detectó la comunidad semanas antes del atentado en Santa Cecilia?
Detectó drones, al parecer, pertenecientes al ELN sobrevolando la zona.
¿Hubo más información similar a estos sobrevuelos?
Estudiantes de grados décimo y once de uno de los colegios de Santa Cecilia denunciaron el despegue de drones en zonas selvática.
¿Ante qué entidad se expuso la información antes del ataque?
Fue expuesta en una audiencia pública, incluso, ante la Defensoría del Pueblo.
¿Qué argumentó el comandante del Batallón San Mateo al respecto?
Aseguró que, según la información de inteligencia militar, no tenían indicios de un posible atentado contra esa subestación.
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